Publicado por Orestes Eugellés Mena
Tomado de Granma
La Gaceta Oficial de la República de Cuba en su edición extraordinaria No. 21 publica hoy un conjunto de normativas cuyo propósito fundamental es el de otorgar más independencia y autonomía a la empresa estatal socialista, de manera tal que esté en condiciones de ocupar el verdadero papel que le corresponde en el desarrollo de nuestra economía.
Según explicó a Granma Grisel Tristá Arbesú, jefa de Área de Perfeccionamiento de Entidades de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, en la Gaceta aparecen las modificaciones al Decreto Ley 252 y al Decreto 281 del Consejo de Ministros, que rigen el trabajo para las empresas donde se aplica el perfeccionamiento empresarial, proceso que en estos momentos se actualiza fundamentalmente, como parte de la implementación del Lineamiento No. 15 que plantea que el Perfeccionamiento Empresarial se integrará a las políticas del modelo económico a fin de lograr empresas más eficientes y competitivas.
Aparecen, además, otras tres resoluciones (aplicables a todas las empresas del país) de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Finanzas y Precios que establecen las regulaciones en cuanto a la vinculación del salario a los resultados, precio mayorista para la venta de las producciones que constituyen excedentes del encargo estatal y las nuevas relaciones financieras de las empresas.
En tal sentido, resulta importante destacar también que la implementación de los Lineamientos aprobados en el Sexto Congreso del Partido sienta las bases para paulatinamente separar las funciones estatales de las empresariales, crear condiciones para potenciar el desarrollo de las fuerzas productivas, así como incrementar las facultades al sistema empresarial estatal del país. Por ello, las directivas del Plan de la Economía para 2014 incorporaron las medidas que se han autorizado y que contribuyen a la ampliación de las facultades del sistema empresarial estatal.
Entre los cambios más importantes Tristá Arbesú destacó la flexibilización de los objetos sociales de las empresas, en las cuales recae la facultad de decidir qué actividades secundarias y de apoyo derivadas de su objeto social está en condiciones de realizar, lo que les permite producir aprovechando mejor todas sus potencialidades.
Al respecto, la directiva enfatizó en que las empresas, luego de cumplir con su encargo estatal, podrán comercializar sus excedentes o inejecuciones al precio que fije la relación entre la oferta y la demanda.
Otra de las novedades es que se define un sistema de indicadores directivos más concentrado para medir el desempeño de las empresas. A partir de ahora serán siete: las ventas netas totales, las utilidades del periodo, el encargo estatal, las ventas para la exportación, el aporte por el rendimiento de la inversión estatal, la rotación del capital de trabajo y el aporte en divisas (este último, mientras exista dualidad monetaria).
“El Plan de la empresa lo aprueba ahora el Presidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE), algo que hasta el momento hacía el Ministro del ramo o el Presidente del Consejo de la Administración Provincial, si la entidad es de subordinación local. Esto constituye un cambio fundamental, y por tanto, seguimos en el camino de la descentralización de facultades”, precisó.
Igualmente, con las directivas del Plan 2014 se eliminaron las restricciones administrativas para la formación del salario en el sector empresarial. “Las empresas podrán distribuir el salario hasta el límite de sus posibilidades económicas y financieras y hasta tanto no sobregiren el gasto de salario por peso por valor agregado bruto planificado. Con estos preceptos se aprueban los sistemas de pago, por las propias empresas en caso de que ellas se encuentren en perfeccionamiento empresarial y por las OSDE para el resto.
En las nuevas relaciones financieras las empresas no tendrán que aportar la depreciación y amortización de activos fijos tangibles e intangibles, ni las reservas no utilizadas en años anteriores. Igualmente, podrán retener hasta el 50 % de las utilidades después de impuesto al cierre del año, lo que significa un 20 % más que lo que hasta ahora estaba establecido.
Las reservas que se creen se utilizarán para incrementar el capital de trabajo, financiar inversiones, desarrollo e investigaciones y capacitación, así como para amortizar créditos bancarios. En este sentido, se incorporan nuevos conceptos: se podrá crear una reserva denominada Fondo de Compensación para cubrir desbalances financieros a nivel de la OSDE y otras para uso específico de la organización superior.
Además, se generaliza para todas las empresas la posibilidad de distribuir utilidades entre los trabajadores como estímulo por la eficiencia económica, siempre y cuando tengan una auditoría financiera con resultados satisfactorios o aceptables en los últimos 18 meses, se cumplan los indicadores directivos y no se deteriore la correlación ingreso medio productividad.
En el transcurso de este año, la implementación de estas y otras medidas, irán “creando condiciones para que las empresas puedan desarrollarse progresivamente en correspondencia con sus posibilidades económicas y la capacidad de dirección de sus cuadros, de quienes se requerirá mayor preparación y capacitación”. Todo este proceso de aprobación de la distribución de utilidades, ya no es una función de los Organismos o Consejos de Administración Provincial; a partir de este año, será facultad de las Juntas de Gobierno —donde estén creadas— de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial o de las empresas, según corresponda.
No olvidemos que este es un proceso gradual de descentralización de facultades —apuntó Tristá Arbesú— con el cual aumenta la responsabilidad de los directivos en las decisiones que competen a sus propias empresas. En consecuencia, resulta indispensable prepararse desde la base hasta el más alto nivel, de manera tal que lo diseñado hasta el momento arroje cada vez mejores resultados.
(Tomado de Granma)
